Juez anula despido de gerente de Mercadona vigilado en baja laboral

Un tribunal de Albacete ha dictaminado la nulidad del despido de un gerente de Mercadona, ordenando a la cadena de supermercados su inmediata readmisión y el abono de todos los salarios devengados desde el pasado mes de marzo. La decisión judicial se produce tras constatarse que el trabajador fue objeto de vigilancia privada durante un periodo de baja médica, una práctica que ha sido considerada improcedente por la autoridad judicial.

Los hechos que motivaron el litigio se centran en una investigación privada llevada a cabo por la empresa. Durante cuatro días, un detective siguió al empleado mientras este se encontraba de baja por enfermedad. Esta vigilancia tenía como objetivo presuntamente verificar la autenticidad o el cumplimiento de las condiciones de su incapacidad temporal, buscando pruebas que pudieran justificar la extinción de su contrato laboral.

La resolución judicial subraya que la vigilancia privada durante una baja médica debe cumplir con estrictos límites legales para no vulnerar derechos fundamentales del trabajador, como el de la intimidad o la dignidad. Al declarar el despido como nulo, el juez no solo exige la vuelta del gerente a su puesto de trabajo, sino que también establece la compensación económica por los meses en los que estuvo sin empleo, reafirmando la protección del empleado frente a ciertas actuaciones empresariales.

Este fallo sienta un precedente relevante en el ámbito del derecho laboral español, marcando un límite claro a las facultades de control de las empresas sobre sus empleados en situaciones de incapacidad temporal. Aunque las compañías tienen derecho a verificar la veracidad de las bajas, la sentencia recalca que dicha verificación debe realizarse respetando escrupulosamente la legislación vigente y los derechos individuales de los trabajadores.

La decisión judicial podría influir en la revisión de los protocolos internos de vigilancia de otras grandes corporaciones, instándolas a extremar la cautela y a asegurarse de que cualquier investigación sobre sus empleados se ajuste plenamente al marco legal establecido para evitar futuras nulidades de despido y las consiguientes sanciones económicas y reputacionales.